“La Generalitat ha consentido la grave crisis del Sant Pau” (article)

El hospital de Sant Pau ha vivido una intensa semana tras la dimisión del gerente, Xavier Corbella, tras solo 11 meses en el cargo, y las declaraciones en las que el presidente del hospital,Xavier Pomés, acusaba a los trabajadores de “judicializar” los problemas y no poner de su parte en la solución de la grave crisis financiera que atraviesa la institución. Carme Pérez, presidenta del comité de empresa, rechaza ese diagnóstico y opina que la crisis del Sant Pau se debe a un mal diseño institucional, a la mala gestión que ha propiciado la imputación judicial de seis ex altos cargos y a una insuficiente dotación presupuestaria por parte de la Generalitat.

Pregunta: ¿Qué pasa en el hospital de Sant Pau?

Respuesta: En el Sant Pau hay un conflicto laboral, derivado de que la dirección quiere aplicar a los trabajadores del hospital los recortes del sector público, cuando siempre habían sostenido que el Sant Pau es una fundación privada. Pero el verdadero conflicto es otro.

P. ¿Cuál es?

R. El déficit crónico que arrastra el hospital, derivado de multitud de irregularidades, y la insuficiente financiación que viene sufriendo históricamente.

P. ¿Por qué el hospital ha ido acumulando pérdidas año tras año?

R. El hospital venía funcionando como una única institución gobernada por la Iglesia hasta el año 1991. Entonces se separaron el patrimonio y la gestión. Se creó una fundación de gestión, a la que se encomendó la atención sanitaria, con 2.800 trabajadores y un capital inicial de 10 millones de pesetas. Esta fundación no tiene ningún activo. Todo el patrimonio, legado por pacientes y sus familias para apoyar la labor asistencial, quedó en manos de otra fundación, la patrimonial, controlada por la Iglesia.

P. La situación va empeorando a partir de ese momento.

R. Según un informe de la Sindicatura de Cuentas del año 2009, la fundación de gestión del hospital de Sant Pau cuenta con un valor neto patrimonial negativo de 253 millones de euros. Está en quiebra total.

P. La fundación patrimonial sin embargo, cuenta con un parque inmobiliario de un millar de viviendas que genera unos ingresos de unos 10 millones de euros anuales.

R. El presidente del hospital, Xavier Pomés, ha declarado que en realidad esos beneficios son de seis millones de euros. Lo que pasa es que Pomés no contabiliza los más de tres millones que ingresa la patrimonial por el alquiler del edificio del hospital nuevo a la fundación de gestión, por lo que ingresa más de tres millones al año.

P. Un edificio que se pagó con dinero público.

R. Sí. El hospital nuevo, construido a partir de 2001 e inaugurado en 2009, se pagó con un crédito asumido por la Generalitat y costó 293 millones de euros. Pero el Gobierno de Jordi Pujol se lo regaló a la fundación patrimonial en vez de dejarlo en manos de la fundación de gestión, que es la que se encarga de atender a los ciudadanos, o quedárselo la propia Generalitat. Deberían explicar cómo es posible que un edificio construido con dinero público se deje en manos privadas y por qué Pomés, que debería ser el primero en reclamar ese patrimonio, porque es el presidente del hospital, sale a defender que el parque inmobiliario siga en manos de la Iglesia.

P. ¿Y ahora la fundación patrimonial le alquila ese edificio a la de gestión?

R. Lo que han hecho es bastante ingenioso. La fundación patrimonial lo alquila a la de gestión y lo que ingresa lo devuelve de nuevo como donativo.

P. ¿Por qué?

R. Son solo asientos contables, no movimientos reales de dinero. Al hacerlo constar como donativo, la fundación patrimonial cumple con la ley de fundaciones, que establece que el 70% de los beneficios deben destinarse a fines fundacionales, en este caso la atención sanitaria y la beneficencia, entre otros. Es un fraude que hemos denunciado ante el juez.

P. El presidente del hospital ha mantenido que no es verdad que el patrimonio del Sant Pau haya permanecido oculto hasta que EL PAÍS lo publicó hace unos días.

R. Es evidente que las propiedades constan en el registro de la propiedad. Pero Sant Pau nunca había hecho público el registro de sus bienes. Además, el nuevo edificio ni siquiera ha sido registrado.

P. ¿Cómo?

R. No está inscrito en el registro. No es un olvido involuntario. Si lo hubiesen hecho, constaría de forma clara que un hospital pagado con dinero público ha sido puesto en manos privadas.

P. Pomés defiende que los estatutos impiden que las rentas patrimoniales se destinen a cubrir el déficit y dice que, si así fuera, se acabaría con el patrimonio en unos pocos años.

R. Nosotros no pedimos que se destinen las rentas a reducir el déficit que, si no se cambia la estructura, no tiene solución. Lo que decimos es que esos beneficios deberían destinarse a atender a los enfermos.

P. Pomés les ha acusado de judicializar los problemas del hospital por denunciar la gestión ante los tribunales y de no querer sentarse a negociar.

R. El señor Pomés no se ha reunido nunca ni con los representantes de los trabajadores, ni con los sindicatos, ni con ningún organismo representativo. El gerente Xavier Corbella [que ha dimitido esta semana por problemas de salud que la dirección achacó a una campaña en su contra de los trabajadores] lo hizo dos veces, y una de ellas fue para comunicarnos las medidas que pensaba aplicar, sin dar margen a ningún tipo de negociación. Me parece una falta de respeto decir que los trabajadores no han querido negociar.

P. Ha dicho antes que el hospital es también víctima de una infrafinanciación crónica.

R. Es evidente que la financiación por parte del CatSalut es insuficiente. En los presupuestos generales de 2011, nuestro hospital gemelo por población de referencia e instalaciones, el Hospital Clínic, recibió 140 millones de euros más. El Sant Pau está infradotado e infrafianciado, y tiene todavía otro problema: su gestión ha estado siempre vinculada al mundo de la política.

P. Esa gestión ha sido muy polémica.

R. El juzgado número 22 de Barcelona, que ya ha imputado a seis ex altos cargos, investiga contratos ficticios, indemnizaciones injustificables y la desviación de 77 millones de euros en las obras del nuevo hospital, entre otras irregularidades. Este es el núcleo duro del conflicto que hay en el Sant Pau, y no la supuesta situación de ingobernabilidad de la que habla el presidente, que no es tal. Seguimos siendo el hospital mejor valorado por los pacientes en toda Cataluña.

P. El presidente ha pedido al Protectorado de Fundaciones que intervenga.

R. La función del protectorado, que depende del Departamento de Justicia de la Generalitat, es controlar las cuentas de todas las fundaciones. Puede ejercer responsabilidades contra los patronos si la gestión es deficiente, pero en el caso del Sant Pau no ha hecho nunca nada. La Generalitat es conocedora de la situación y la ha consentido.

P. Usted ha pedido la intervención judicial del hospital.

R. El día 25 de marzo me dirigí a la Dirección General de Derecho y Entidades Jurídicas y al consejero de Justicia para requerir de nuevo al protectorado, por cuarta vez, a que actuase ante la situación gravísima de déficit de la institución. Nunca recibí respuesta. Se cumplen los dos requisitos legales para una intervención judicial: está en riesgo la viabilidad de la institución (lo dice la propia Sindicatura) y hay indicios de irregularidades en la gestión.

P. Según las cuentas depositadas en el protectorado, 11 directivos del hospital cobraron 1.117.000 euros en total en 2010, más de 100.000 euros anuales de media cada uno.

R. Es un sueldo más alto que el del presidente del Gobierno.

P. Según esas cuentas, la fundación patrimonial obtuvo unos beneficios en 2009 de 1,9 millones de euros, y de 3,1 en 2010. ¿Cuáles fueron los beneficios en 2011 y 2012?

R. La fundación patrimonial obtuvo en 2011 un millón de euros neto de beneficio neto. Pomés dijo que una parte importante de los beneficios se han destinado a rehabilitar el antiguo edificio modernista, pero esta obra se pagó en su mayor parte con fondos europeos y del gobierno español. Las cuentas de 2012 no las tenemos todavía.

Font: El País. “La Generalitat ha consentido la grave crisis del Sant Pau”. Antía Castedo.

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